Por lo visto, alguien se dio cuenta de que las tres operadoras reaccionaron de forma muy parecida ante la promulgación de la ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, vamos, la que prohibía el redondeo y obligaba a tarificar por segundos; en concreto, parecía “demasiado” evidente que todas aprovecharan la coyuntura para subir al alimón el establecimiento de llamada de 12 a 15 céntimos de euro, sin motivo alguno.
El problema, como tantas otras veces, reside en determinar si realmente se trata de una práctica concertada entre empresas con el objetivo de crear artificialmente precios superiores a los de mercado, en un contexto de oligopolio (“venga chicos, no nos hagamos la cama entre nosotros”) o si por el contrario responde únicamente al azar, a una casualidad o a un caso de espionaje industrial. De momento, este último caso podemos descartarlo.
No es la primera vez que las operadoras se encuentran en el punto de mira de los organismos de control de la competencia en Europa: al fin y al cabo se trata de un mercado regulado, con muy pocos competidores y un volumen enorme de negocio, por lo que constituye un caldo de cultivo idóneo para cualquier iniciativa oligopolística.
Y es que hablar de competencia en un mercado controlado por tres operadoras suena a oxímoron; el único campo en el que realmente compiten las operadoras de telefonía móvil es en la captación de clientes del resto de operadoras, ya que en un mercado maduro como éste, en el que hay más teléfonos móviles que habitantes, sólo puedes permanecer vivo quitando a tus competidores más -o al menos los mismos- clientes que ellos te han quitado a ti en ese mismo período.
En el resto de cuestiones, la competencia es un artificio: el lanzamiento de nuevos productos e incluso los márgenes en los que deben moverse los precios están controlados por la CMT, un organismo tan importante como maltratado.
¿Han actuado conjuntamente las tres grandes operadoras para incrementar el coste de establecimiento un 25%? Sí. Es un hecho incontestable. La cuestión es si esta actuación altera la competencia y perjudica a los clientes, y creo que en este caso la respuesta es igualmente afirmativa.
Lo peor de todo es la sensación de que detrás de todo esto hay acuerdos y alianzas que nunca conoceremos y que afectan a nuestro bolsillo todos los meses de forma más que notable.
En el mercado de las telecomunicaciones, la expresión prácticas concertadas suena a epíteto comodizado.
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