¿Qué hacemos con la constitución?

El segundo embarazo de los príncipes de Asturias ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja discusión que amenaza con convertirse en un asunto de estado muy pronto: ¿Qué pasa con nuestra constitución?

A estas alturas pocas personas defienden la permanencia de una pseudo ley sálica en nuestro país. Poco sentido tiene que la sucesión de la corona dependa de una cuestión de sexo, y en este caso me refiero a que dependa de si el heredero es hombre o mujer -hay alguno que cuando mezclas corona y sexo parece que no sepa de qué estamos hablando-.

El artículo de la discordia, 57.1 de la Constitución, dice que

La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

No conozco tan bien nuestra carta magna como para saber los motivos por los que el texto definitivo optó por esta redacción, pero lo cierto es que en nuestro actual contexto una norma así carece de justificación.

Sin embargo, la introducción de una nueva modificación en nuestro texto fundamental en estos momentos de cambios y zozobra del modelo constitucional adolece de un doble riesgo que pocos están dispuestos a correr:

• Por una parte, algunos -los menos- temen que esta discusión sea utilizada por algunos sectores para retomar el viejo asunto de la república. Afortunadamente nos encontramos en un país avanzado, con una cierta pax social que garantiza que no vamos a sufrir cambios graves en nuestro modelo de estado. Sin embargo la discusión, aunque minoritaria, está ahí.

• Por otra parte, durante los últimos años he escuchado en varias ocasiones que el cambio de la constitución debería utilizarse para acometer, de una vez por todas, la totalidad de reformas pendientes. Y ése sí que es un problema de estado serio, grave e injustificable.

Vale, nos encontramos en un país acostumbrado a legislar por decretazo y a modificar leyes fundamentales para la convivencia a través de las leyes de acompañamiento de los presupuestos generales.

Pero dar un paso más resulta es inadmisible; no podemos aprovechar un cambio en el que estamos casi todos de acuerdo para introducir modificaciones de competencias y modificaciones orgánicas o de modelo de estado, porque es tanto como pervertir el fin último del proceso de reforma constitucional previsto en la propia constitución.

En este sentido, mi postura ante la constitución es más bien grisista: no creo que sea perfecta, pero me parece que debe tener vocación de permanencia. Una constitución, si se cambia cada quince años, ni es constitución ni es nada; es el problema -para algunos- de intentar adaptar el modelo democrático anglosajón. Coño, si no te gusta, haber elegido muerte… Para los peces de colores, creo necesario recordar que ya se produjo un cambio en el artículo 13.2 de la constitución para permitirnos la entrada en Europa.

Sin embargo, no estaría de más que, por una vez, los políticos no aprovecharan la confusión para hacer y deshacer a su gusto. Una reforma como ésta no precisa un acuerdo, sino un consenso, y ya sabemos que un cambio del modelo de estado como el que parece buscarse desde algunos sectores, no va a contar con un apoyo que justifique un cambio drástico.

No va a ser una cuestión sencilla, y seguro que en el debate que se va a abrir vamos a mezclar churras con meninas. De nosotros depende que el asunto llegue a buen puerto.